Es en 1115 cuando aparece por primera vez la denominación de Justicia del Rey, referido a Pedro Giménez, en un privilegio concedido por Alfonso I El Batallador a los pobladores de Zaragoza. Dicho cargo, que debió corresponder al de un asesor de la curia real, pasó a convertirse en una institución propia del reino en las Cortes de Aragón celebradas en Ejea en 1265, estableciéndose como un juez medio que dirime los conflictos entre el rey y la nobleza.
A lo largo del siglo XIV, el prestigio y la presencia institucional del Justicia se ve incrementada: ante el Justicia, los reyes deben jurar el cumplimiento de fueros y observancias bajo la conocida fórmula: “Nos, que somos tanto como vos y todos juntos valemos más que vos, os hacemos rey de Aragón, si juráis los fueros y si no, no.”
En el ejercicio de su función jurisdiccional destaca en los casos relacionados con los derechos y libertades, a través de los procesos forales de firma de derecho y de manifestación.
Mediante la firma de derecho, un demandado garantizaba su sumisión a la sentencia sin tener que prestar fianza, tratando así de evitar que los mismos pudieran verse privados de la posesión de sus bienes durante el proceso.
Con el Proceso de Manifestación, los aragoneses solicitaban la intervención del Justicia para evitar una detención arbitraria o un proceso no ajustado a Derecho, con violencia o tormento. Para ello el detenido quedaba bajo el amparo del Justicia en la llamada Cárcel de los Manifestados donde permanecía hasta recibir sentencia, sin que ninguna autoridad pudiera tener acceso al mismo.
Estos derechos no se aplicaban a los siervos de los señores aragoneses, sobre los que sus amos tenían una jurisdicción absoluta. Solo se aplicaban a los aforados (ricos hombres, mesnaderos, caballeros, infanzones, ciudadanos y hombres de villas honrados).
La importancia política del Justicia no hizo sino aumentar por sucesivas resoluciones de las Cortes. No podía ser arrestado, detenido ni molestado po
r el Rey ni ninguna otra autoridad. Desde 1.442 se considera cargo vitalicio, sin posibilidad de destitución. Así, con el tiempo, la figura del Justicia de Aragón se convirtió en un cargo sucesorio de algunas familias (como la familia Lanuza). También adquieren mucha relevancia los Lugartenientes, de tal forma que se pasa de una magistratura personal, la del Justicia, al Justiciazgo como institución.
Las tensiones surgidas ante los incumplimientos y omisiones del poder real frente a los fueros, y la tarea de protección de estos encomendada al Justicia hace que se generen tensiones entre éste y los reyes cuyo cenit se alcanza en 1591.
Las revueltas ciudadanas conocidas como las Alteraciones de Aragón acabaron con la decapitación del Justicia Juan de Lanuza V el Mozo por enfrentarse a la voluntad del rey Felipe II de España, que había entrado en el Reino de Aragón con ejércitos para reducir las revueltas que se estaban produciendo, debido al intento del Tribunal de la Inquisición de aprehender y procesar a Antonio Pérez, natural de Guadalajara pero de familia aragonesa, acogido a la jurisdicción del Justicia Mayor mediante el derecho de Manifestación.
En las Cortes de Tarazona de 1592 se establecieron importantes restricciones a la figura del Justicia, que pasa a ser nombrado por el rey, y a las atribuciones de la Diputación del Reino. Felipe V de España, que había jurado en 1701 los Fueros ante el Justicia Pedro Valero suprimió definitivamente la figura del Justicia, así como el resto de las instituciones aragonesas y los Fueros de Aragón por medio de los Decretos de Nueva Planta. Únicamente quedaron en vigor los referidos al derecho privado que permanecen hasta nuestros días.
La figura del Justicia de Aragón reapareció en 1982 recogida en el Estatuto de Autonomía de Aragón y amparada por la Constitución de 1978. En definitiva, Aragón recuperó con la autonomía, una institución que había permanecido desde su abolición con los decretos de Nueva Planta, en el subconsciente de los aragoneses durante siglos.
El primer Justicia de la etapa moderna fue Emilio Gastón, designado por las Cortes de Aragón en 1987. De esta forma, quedó restaurada esta institución, 395 años después.
Ángel Larraz Juan